Espacios públicos en la Universidad pública

La Universidad es (y lucharemos por que así siga siendo) pública y como tal ha de responder a intereses públicos. Ello conlleva una especial atención a los espacios públicos como espacios de encuentro, como lugares de deliberación democrática abiertos a todas y a todos, como ágoras para la construcción conjunta del pensamiento crítico, espacios gestionados en función de las necesidades y no en función de marcadores de status o de poder.

Como la revolución comienza por uno o una misma reflexionemos desde la puerta de nuestra facultad: tenemos una normativa de espacios que dificulta que las y los estudiantes puedan usar un espacio– sin previa firma de una profesora o profesor, o previo pago- que pertenece a la sociedad, y sobre todo a la comunidad universitaria en su conjunto. Estos espacios públicos han de ser lugares de encuentro abiertos permanentemente, espacios para la construcción de una ciudadanía conjunta como única vía para el reforzamiento de la democracia universitaria.

La privatización de espacios dentro de los espacios públicos es inadmisible, y más aun si va acompañada de ostentación de una rancia y anticuada jerarquía académica. No podemos predicar en nuestras clases que la escuela y la Universidad deben ser instituciones democráticas basadas en las relaciones de horizontalidad cuando en los detalles más básicos de la vida cotidiana -que son los que realmente marcan el carácter de la relación educativa- apostamos cínicamente por la segregación y jerarquización: ¿es realmente necesario un baño exclusivo para profesores y otro para profesoras cerrado con llave? Nuestro discurso es superficial, no estamos dispuestos a romper el status quo que tanta veces criticamos de cara a la galería ni siquiera algo tan básico como que todas y todos usamos los aseos para las mismas finalidades.

Si nos cuesta reconocer que el hall, las aulas, los aseos son servicios públicos afirmar que los despachos del PDI también lo son puede sonar a radicalidad revolucionaria – bonitas palabras por cierto-, pero así debemos concebirlos. No deberían ser espacios privados distribuidos en función de una lógica meritocrática en la que quien más tiempo lleva más grande (y solitario) tiene su despacho, sino espacios de trabajo comunitarios, compartidos y abiertos. Los despachos  no son un marcador de status, son para utilizarlos, su naturaleza es estar abiertos al público porque son espacio público en sí mismos. Pertenecen a la comunidad universitaria – y sin entrar a considerar las diferentes concepciones del compromiso con lo público y el tiempo que cada cual decide permanecer en la facultad a disposición de quien con sus impuestos y matriculas supuestamente mantiene un determinado servicio público – lo que es vergonzoso es que mientras muchos despachos con un nombre en la puerta permanecen cerrados por semanas, los y las nuevas becarias de los departamentos vaguemos en la búsqueda de cachitos de mesas donde poder poner un campamento base desde el que responder a nuestra responsabilidad también pública.

Hablar de democracia no responde solo a la posibilidad de participar en la política (entendiendo está en su más amplio sentido de relaciones cotidianas y decisiones pedagógicas), sino de participar en igualdad de condiciones, es decir, los recursos disponibles han de ser igualmente democratizados. Tenemos servicios privatizados – e infrautilizados – como el servicio de audiovisuales reservado para PDI ¿Pretendemos así apoyar – e incluso a veces nos atrevemos a decir “fomentar”- la autonomía e iniciativa de las y los estudiantes?

Espero que estas breves líneas nos ayuden a (re)pensar sobre los espacios públicos dentro de las universidades como espacios abiertos para la construcción de crítica social que se espera (o debería esperar) de las universidades.